La Comisión de Disciplina Judicial resolvió inhabilitar por un año al juez federal Fernando Alvarado tras acreditar irregularidades graves en su actuación jurisdiccional. La Comisión de Disciplina Judicial determinó que el funcionario incurrió en actos y omisiones sistemáticas al otorgar diversos amparos.
Entre ellos destaca un amparo concedido en 2024 que benefició a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, permitiéndole competir por una diputación plurinominal pese a contar con órdenes de aprehensión. Según la Comisión de Disciplina Judicial, este caso evidenció un patrón de decisiones contrarias a la legalidad.
Tres amparos bajo la lupa disciplinaria
La investigación documentó al menos tres resoluciones consideradas irregulares. La Comisión de Disciplina Judicial señaló que dichas actuaciones impactaron otros procedimientos judiciales, incluso vinculados con la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Uno de los amparos permitió la expedición de una constancia de residencia sin validación adecuada; otro evitó la remoción de un fiscal anticorrupción; y el tercero suspendió efectos de una orden de aprehensión, manteniendo derechos político-electorales del beneficiario.
Posturas políticas y reacción institucional
El diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien impulsó la queja original en 2024, celebró la resolución al considerar que fortalece la rendición de cuentas judicial. El legislador afirmó que la nueva instancia disciplinaria marca un precedente frente a prácticas irregulares.
Por su parte, el magistrado Rufino León Tovar sostuvo que estas conductas afectan la confianza pública y que la legalidad es el límite de la función judicial.
Debate sobre disciplina judicial
La resolución coloca en el centro la función del nuevo órgano disciplinario y su papel en el control interno del Poder Judicial. Especialistas señalan que este tipo de sanciones buscan reforzar la transparencia y prevenir abusos en la impartición de justicia.
La Comisión de Disciplina Judicial reiteró que no habrá tolerancia ante irregularidades que comprometan la legalidad, subrayando que la sanción responde a un patrón de faltas graves.
