México todavía no termina de pagar las consecuencias del cierre de escuelas durante la pandemia. Y aun así, las autoridades educativas parecen empeñadas en repetir el error de alejar a niñas, niños y jóvenes de las aulas cada vez que aparece una dificultad logística o climática.
El anuncio de la SEP de adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio no es una medida menor. Es otro golpe a una generación que ya arrastra secuelas educativas, emocionales y sociales profundamente visibles.
Durante la pandemia, cientos de miles de estudiantes desertaron. Otros nunca recuperaron el nivel académico perdido. Y muchísimos más cargan hasta hoy con trastornos de ansiedad, aislamiento, depresión y problemas de socialización que comenzaron cuando la escuela desapareció de sus vidas cotidianas.
Las consecuencias siguen ahí: jóvenes desconectados emocionalmente, niños con rezagos graves de aprendizaje y adolescentes atrapados en dinámicas digitales que sustituyeron la convivencia real. Por eso sorprende tanto la ligereza con la que las autoridades vuelven a reducir el tiempo escolar.
Porque cuando una escuela cierra, no solo se apagan pizarrones: también se rompe una barrera de protección social. Miles de niñas, niños y adolescentes pasarán más tiempo solos, expuestos a violencia doméstica, abandono, reclutamiento criminal y contenidos digitales profundamente dañinos. En muchas regiones del país, la escuela sigue siendo el espacio más seguro que tienen.
Mientras el crimen organizado busca constantemente nuevas generaciones vulnerables para enganchar, el Estado decide retirar a los jóvenes de los espacios educativos antes de tiempo. La contradicción es brutal.
Y lo más indignante es la insensibilidad con la que se anunció la medida. Ni la SEP federal ni muchas secretarías estatales parecieron detenerse a pensar en el impacto real sobre las familias, particularmente sobre las mujeres que sostienen el cuidado diario.
Para millones de madres, este anuncio del 10 de mayo terminó convirtiéndose en una noticia amarga: más responsabilidades, más gastos y menos apoyo institucional.
Pareciera que algunos funcionarios ven la educación únicamente como un calendario administrativo y no como una estructura social indispensable para sostener al país.
