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Un nuevo foco de controversia política y fiscal se encendió en Oaxaca tras revelarse que el presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio Cárdenas, autorizó una condonación del 99 % del impuesto predial a una propiedad vinculada al empresario Ricardo Salinas Pliego. El beneficio fiscal, calificado por autoridades y analistas como incomparable con cualquier trato ciudadano ordinario, ha provocado la apertura de una investigación administrativa y política por parte del Gobierno del Estado.
El predio en cuestión es un campo de golf en Tangolunda, Huatulco, con una extensión de alrededor de 84 hectáreas y un valor catastral estimado en 471 millones de pesos. De acuerdo con autoridades, el impuesto predial correspondiente al ejercicio 2025 superaba los 2.7 millones de pesos, pero tras la condonación solo se pagaron cerca de 27 mil pesos, es decir, el 1 % del monto original.
La decisión fue tomada por el Ayuntamiento que encabeza Cárdenas, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y ha sido duramente cuestionada por el gobernador Salomón Jara, quien ordenó una investigación para determinar si la medida fue legal, debidamente fundamentada y si existió conflicto de interés.
Salomón Jara subrayó que los alcaldes tienen facultades para establecer políticas de cobro, pero no de forma discrecional ni sin justificarlas. Señaló además que Cárdenas habría recibido apoyos de empresas vinculadas a Salinas Pliego, como una camioneta Toyota que utilizó durante su campaña y que estuvo involucrada en un accidente reciente donde falleció una joven acompañante. Para el gobernador, ese tipo de relaciones puede generar compromiso político y favores que erosionan la integridad de la administración pública.
La investigación ordenada por el Ejecutivo estatal incluirá una revisión legal de la condonación, la actuación del Cabildo y si la medida se ajusta al marco fiscal municipal y a la Ley de Ingresos local. También se estudia si hubo daño al erario por la reducción tan significativa del impuesto.
Este caso se inscribe en un contexto más amplio de tensiones entre el empresario y el fisco mexicano. Ricardo Salinas Pliego enfrenta adeudos fiscales muy significativos, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha exigido en reiteradas ocasiones el pago de más de 50 mil millones de pesos en impuestos atrasados por diversas empresas del grupo que controla, tras años de litigios y amparos que ya han sido rechazados en instancias judiciales.
Este historial alimenta el debate público sobre la equidad en el cumplimiento de obligaciones fiscales entre grandes contribuyentes y ciudadanos comunes.
La condonación ha generado respuestas de actores políticos y ciudadanos:
Salomón Jara afirmó que se investigará a fondo y que los servidores públicos no pueden actuar con discrecionalidad al extremo ni favorecer a grandes grupos económicos sin transparencia.
La diputada local de Morena, Concepción Rueda, exigió que el alcalde Cárdenas se separe del cargo mientras avance la investigación, para evitar posibles conflictos de interés y garantizar imparcialidad en el proceso. Organizaciones civiles y analistas fiscales han cuestionado que un beneficio de esta magnitud pueda otorgarse sin fundamentos sólidos que justifiquen una excepción fiscal tan extrema.
La investigación de Oaxaca se considera un paso clave para determinar responsabilidades administrativas y, si procede, posibles sanciones contra el alcalde y otros funcionarios involucrados. El caso podría escalar también a instancias legislativas y de fiscalización, en busca de transparencia y rendición de cuentas ante decisiones que involucran grandes sumas de dinero público y figuras de alto perfil económico.