Campeche, a 2 de febrero, 2026.- Una fuerte división interna se hizo pública en el Congreso de Campeche. Diez de los 16 diputados locales de Morena informaron que rompieron comunicación con la gobernadora Layda Sansores, a quien acusan de ejercer presiones políticas para que el Poder Legislativo apruebe un crédito por mil millones de pesos.
De acuerdo con las y los legisladores inconformes, el endeudamiento tendría como objetivo subsanar recortes presupuestales, pero aseguran que el planteamiento se ha hecho sin consenso, sin diálogo político real y bajo un esquema de presión directa desde el Ejecutivo estatal.
La ruptura quedó evidenciada durante una sesión del Congreso local marcada por el tono confrontativo y la exposición pública del conflicto dentro del bloque oficialista.
Desde la tribuna, el presidente del Congreso de Campeche, José Antonio Jiménez, fijó una postura contundente al rechazar cualquier intento de sometimiento político:
“La dignidad no se negocia”, afirmó, al tiempo que cuestionó una forma de gobernar basada en imposiciones y persecuciones”.
El mensaje fue leído como un deslinde directo frente a la gobernadora y como una señal de que una parte importante del grupo parlamentario de Morena no está dispuesta a avalar decisiones que consideran unilaterales.
El crédito por mil millones de pesos ha generado inquietud no solo por su monto, sino por el contexto financiero del estado y la falta de acuerdos internos para su aprobación. Legisladores críticos señalan que una decisión de este calibre requiere transparencia, justificación técnica y respaldo político amplio, no presión.
La fractura representa un golpe político para Layda Sansores, quien enfrenta uno de los momentos más complejos de su administración en términos de gobernabilidad y control legislativo. También exhibe que Morena no es un bloque monolítico a nivel local y que las tensiones internas pueden escalar cuando se cruzan temas de deuda pública y manejo presupuestal.
Por ahora, el futuro del crédito es incierto, pero el mensaje desde el Congreso es claro: el respaldo legislativo no será automático y la relación entre el Ejecutivo estatal y su propia bancada atraviesa una etapa crítica.