La reforma electoral y la prueba del Plan C

Cuando Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan C explicó detalladamente cada uno de sus puntos para consolidar la transformación de la vida pública de México, incluido el de la reforma electoral. Por eso votaron más de 36 millones de mexicanas y mexicanos en 2024, y hoy, ese mandato popular fue desechado por una mayoría de legisladores electos precisamente para profundizar los cambios en el sistema político.

La votación de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum dejó una escena difícil de ignorar: los partidos que integran la coalición de gobierno terminaron colocándose, en los hechos, del mismo lado que la oposición.

El resultado fue contundente en números, pero aún más elocuente en significado político.

En otras palabras: no era una reforma aislada, sino una pieza central de un mandato político que la ciudadanía refrendó al elegir a Sheinbaum y otorgar mayorías legislativas a Morena y sus aliados.

Por eso el rechazo del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México no puede leerse solo como un desacuerdo técnico. En términos políticos, es un gesto mucho más profundo que marca un cisma en el bloque transformador.

Morena votó mayoritariamente a favor, aunque registró tres votos en contra: Giselle Arellano Ábila, Alejandra Chedraui Peralta y Santy Montemayo. También se registraron ausencias relevantes, entre ellas la de Manuel Espino por motivos de salud y Olga Sánchez.

Pero el dato clave estuvo en los aliados.

El Partido Verde votó en contra en su mayoría, aunque 12 de sus legisladores rompieron filas y respaldaron la reforma. El PT siguió una lógica similar: rechazo mayoritario, con un solo voto a favor.

Mientras tanto, la oposición cerró filas sin matices: PAN y Movimiento Ciudadano votaron en bloque contra la reforma. El PRI también lo hizo, con una sola ausencia.

¿El resultado?: los aliados legislativos terminaron siendo determinantes para frenar una reforma impulsada por el propio gobierno del que forman parte.

¿Diferencia política o traición al mandato? En democracia disentir es legítimo. Pero también lo es recordar el origen del mandato político.

El Plan C no surgió de una negociación parlamentaria coyuntural; surgió de una promesa política respaldada en las urnas. Quienes votaron por la continuidad del proyecto de transformación sabían que uno de sus ejes era reformar el sistema electoral y las instituciones que lo administran.

Cuando partidos que se beneficiaron electoralmente de esa alianza deciden bloquear una de sus piezas centrales, el debate deja de ser legislativo y se vuelve político.

Y en ese terreno aparece una pregunta inevitable:

Si alguien traiciona la voluntad popular, ¿qué es?

La respuesta de la presidenta Sheinbaum fue inmediata: habrá Plan B.

No es una amenaza ni un gesto de confrontación. Es, simplemente, la lógica política de un gobierno que entiende que las reformas profundas rara vez avanzan sin resistencia.

El Plan C nació como una ruta institucional para profundizar la transformación del sistema político. Si esa ruta se bloquea en el Congreso, la historia mexicana ha demostrado que siempre surgen caminos alternativos.

Más allá del episodio concreto, la votación deja una lección para la coalición gobernante.

Las alianzas electorales pueden construirse con pragmatismo, pero las transformaciones de fondo requieren algo más que acuerdos coyunturales: requieren convicción política.

Morena votó mayoritariamente a favor de la reforma que forma parte de su proyecto histórico. La oposición votó en contra, como era previsible.

Pero la sorpresa vino de quienes, al menos en el discurso, forman parte del mismo proyecto.

El tiempo, y el pueblo, pondrán a cada quien en su lugar.